: El habeas corpus escrito en papel higiénico
Bolivia, 1972. La dictadura del General Hugo Banzer gobernaba con puño de hierro. Los opositores desaparecían en celdas sin ventanas, incomunicados, sin que sus familias supieran si estaban vivos o muertos. En ese contexto de terror, un joven abogado llamado Reynaldo protagonizaría uno de los actos más audaces —y absurdos— de la historia jurídica latinoamericana.
Reynaldo fue arrestado por la policía política y arrojado a una celda oscura, fría, sin ventanas, conocida como «El Tropezón». Llevaba doce días incomunicado. Su familia no sabía dónde estaba. En cualquier momento podía «desaparecer» como tantos otros.
El problema era cómo hacerse visible.
Los prisioneros políticos, al ingresar, eran despojados de todo: cordones de zapatos, cinturones, corbatas… y bolígrafos. La dictadura no quería que escribieran desde sus celdas. Pero Reynaldo era abogado y sabía que existía un recurso legal llamado habeas corpus —»que tengas el cuerpo»— diseñado precisamente para casos como el suyo: obligar al Estado a presentar al detenido ante un juez y justificar su arresto.
Solo necesitaba dos cosas: algo con qué escribir y algo donde escribir.
En una esquina de la celda encontró un cartucho de tinta seca. Lo derritió. Como papel, solo tenía una cosa disponible: papel higiénico.
Y en ese papel higiénico, con tinta derretida, escribió su solicitud de habeas corpus.
Ahora venía lo imposible: sacarlo de la cárcel.
Escondió el papel higiénico entre los pliegues de su ropa sucia, junto con instrucciones precisas para su esposa sobre cómo y ante quién presentarlo. Cuando ella recogió la ropa —estaba embarazada—, encontró entre los calcetines sucios el documento más importante de su vida.
Lo que siguió fue un vía crucis por los tribunales de La Paz. Los empleados judiciales rechazaban el papel higiénico: no era el formato legal establecido, no tenía los márgenes requeridos, no llevaba los timbres fiscales obligatorios, no tenía firma de abogado ni domicilio procesal. De escritorio en escritorio, de funcionario en funcionario, recibió advertencias y negativas.
Hasta que se cruzó con el magistrado Carlos Tovar Gutslaf.
El juez escuchó la historia. Miró el papel higiénico. Y tomó una decisión que cambiaría la historia del derecho latinoamericano: ordenó a su secretario pegar ese papel higiénico en un folio oficial del tribunal, asignarle número de expediente y elevarlo a la Sala para resolución.
Cuatro días después, el tribunal emitió su fallo: aceptaba el contenido literal del habeas corpus escrito en papel higiénico.
La noticia explotó. La periodista María Elba Gutiérrez, del diario «Última Hora», publicó el caso. Las reacciones fueron múltiples: para los opositores, un acto de desafío contra la tiranía; para los abogados, la confirmación de que un jurista debe luchar siempre por la libertad; para los ciudadanos comunes, una provocación; para las organizaciones de derechos humanos, una señal de alarma.
La dictadura no se quedó quieta.
Sacaron a Reynaldo de su celda, lo esposaron, le pusieron grilletes en los tobillos y lo subieron a un jeep. En el Ministerio del Interior, al bajarlo, perdió el equilibrio. Un agente de la policía política, asustado, lo golpeó en la nuca con la culata del rifle. Reynaldo perdió el conocimiento. Despertó con baldes de agua fría en la cara y la visión completamente borrosa —sufrió desprendimiento de retina en ambos ojos—.
Lo encerraron en «El Ropero», una celda donde solo se podía estar de pie.
Luego vino lo peor. Lo llevaron al bosque de Pura Pura, en la carretera de La Paz a El Alto. Lo bajaron del vehículo, le vendaron los ojos, lo pusieron frente a un pelotón de fusilamiento.
—¿Cuál es tu último deseo? —le preguntaron.
Reynaldo respondió: «¡VIVA BOLIVIA LIBRE, CARAJO!»
Sonaron los disparos. Silencio. Y luego… carcajadas. Los agentes de la policía política se reían. Había sido un simulacro de fusilamiento.
—La próxima vez va en serio, mierda —le dijeron.
Lo trasladaron a la Isla de Coati, en el Lago Titicaca, lejos de cualquier tribunal. El objetivo era claro: impedir que Reynaldo, famoso por su elocuencia en audiencias de habeas corpus, pudiera defender su propio caso en persona.
La audiencia se celebró el 14 de julio de 1972. Paradojas de la historia: el mismo día de la Revolución Francesa.
Un pedazo de papel higiénico había puesto en jaque a una dictadura militar.
Lo que un papel higiénico aportó al derecho
1. Primacía del fondo sobre la forma — El tribunal aceptó que un documento escrito en papel higiénico, sin timbres fiscales, sin márgenes legales, sin firma de abogado, contenía una petición jurídicamente válida. El formalismo procesal no puede convertirse en obstáculo para acceder a la justicia cuando está en juego la libertad de una persona.
2. El habeas corpus como garantía fundamental — Este recurso existe precisamente para situaciones extremas: cuando el Estado detiene a alguien y lo oculta. Su propósito es obligar a la autoridad a «presentar el cuerpo» ante un juez. El caso demostró que ningún régimen, por autoritario que sea, puede ignorar completamente esta garantía sin exponerse.
3. Acceso a la justicia en condiciones de vulnerabilidad — Un detenido incomunicado, sin acceso a papel ni bolígrafo, sin posibilidad de contactar abogado, logró activar el sistema judicial. El derecho debe ser accesible incluso —especialmente— para quienes están en las peores condiciones.
4. Independencia judicial frente al poder político — El magistrado Carlos Tovar Gutslaf tomó una decisión arriesgada: dar trámite a un recurso que desafiaba directamente a la dictadura. Sin jueces dispuestos a actuar con independencia, ninguna garantía constitucional tiene valor real.
5. Publicidad como protección — Una vez que el caso se hizo público a través de la prensa, Reynaldo dejó de ser un desaparecido anónimo. La visibilidad se convirtió en un escudo contra la eliminación física. El derecho a la información protege otros derechos.
La enseñanza central:
El derecho no vive en el papel sellado ni en los formularios oficiales. Vive en la voluntad de las personas de reclamar justicia y en la disposición de los jueces de escucharlas. Cuando un tribunal acepta un habeas corpus escrito en papel higiénico con tinta derretida, está diciendo algo profundo: la dignidad humana y la libertad no requieren formato legal.
El formalismo excesivo puede convertirse en cómplice de la opresión. Un juez que rechaza una petición de libertad porque «no tiene los timbres correctos» no está defendiendo el orden jurídico; está abandonando a quien más necesita protección.
Reynaldo demostró que incluso desde una celda oscura, sin recursos, un ser humano puede desafiar a un Estado opresor usando las herramientas del derecho. Y un solo juez valiente puede hacer que esas herramientas funcionen.


