Una melodía que destruyó la paz de un hogar: Imagina llegar a tu casa después de un largo día de trabajo, anhelando el silencio reparador de tu hogar. Son las 15:00 horas. Te sientas a comer. Y entonces comienza: las primeras notas de un piano que no cesará hasta las diez de la noche. Mañana será igual. Y pasado mañana. Y el fin de semana. Durante años.
Esta fue la pesadilla que vivió la familia de José Ángel y Bibiana en Valencia, España. Su verdugo involuntario: Crescencia, una adolescente estudiante de cuarto curso de piano que practicaba religiosamente en el piso de abajo. Sus víctimas: un matrimonio con dos hijos que vio cómo su hogar se transformaba en una cámara de resonancia musical no solicitada.
La guerra de los vecinos
Todo comenzó en octubre de 2004. El piano llegó al apartamento de Elena, madre divorciada que ejercía la custodia de Crescencia. Lo que para unos era educación musical, para los vecinos del piso superior se convirtió en un calvario acústico que penetraba cada rincón de su vivienda: el salón, el comedor, los dormitorios. No había escapatoria.
José Ángel trabajaba en la industria siderometalúrgica, soportando ruidos industriales todo el día. Bibiana era funcionaria de la Diputación de Valencia. Ambos empezaron a desarrollar ansiedad. Ella necesitó tratamiento por insomnio crónico. Él terminó tomando ansiolíticos por «síndrome de estrés acústico». Su hijo Luis Carlos, mayor de edad, y su hija menor Almudena completaban el cuadro de una familia que veía evaporarse la tranquilidad de su propio hogar.
La batalla por el silencio
Los afectados no se quedaron de brazos cruzados. Llamaron a la Policía Local en múltiples ocasiones. Los agentes confirmaron una y otra vez que el sonido del piano se escuchaba perfectamente desde el piso de los demandantes. En una visita, una moradora del piso de abajo les espetó que «le daban igual las molestias que pudiera causar y que iba a seguir tocando el piano».
La comunidad de propietarios tomó cartas en el asunto. Votaron notificar las molestias a la propietaria del piso. Intentaron mediar. Pero cuando llegó el momento de emprender acciones judiciales, la comunidad se echó atrás. José Ángel, Bibiana y Luis Carlos quedaron solos en su cruzada por el silencio.
Contrataron un ingeniero técnico industrial que realizó mediciones profesionales. El veredicto fue demoledor: el piano generaba niveles de 43,53 y 41,41 decibelios en el interior de su vivienda, con picos de hasta 62,7 decibelios. La ley valenciana establecía un límite de 40 decibelios para horario diurno. La Organización Mundial de la Salud recomendaba 35. El piano los superaba sistemáticamente.
David contra Goliat en los tribunales
En mayo de 2007, la familia presentó su demanda invocando algo que pocos imaginan aplicable al sonido de un piano: la vulneración del derecho fundamental a la intimidad personal y familiar en el ámbito domiciliario.
La primera instancia les dio la razón. La jueza declaró que los ruidos constituían una intromisión ilegítima y condenó a Elena a elegir: o dejaba de tocarse el piano, o insonorizaba adecuadamente. Además, debía indemnizar con 1.000 euros a cada uno de los cuatro afectados.
Pero vino el golpe devastador: la Audiencia Provincial de Valencia revocó totalmente la sentencia. Absolvió a los demandados argumentando que los vecinos habían declarado que el piano «no molestaba, que no era insoportable sino agradable, que no era estridente sino atenuado». Además, consideró que la contradicción entre los informes periciales generaba una «duda» que debía perjudicar a quien demandaba.
La familia, derrotada en apelación, decidió dar el paso definitivo: recurrir ante el Tribunal Supremo de España.
La justicia suprema habla
El 5 de marzo de 2012, la Sala Primera del Tribunal Supremo pronunció una sentencia que sentaría doctrina. Y lo hizo invocando nada menos que al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El Supremo fue implacable con el razonamiento de la Audiencia Provincial. ¿Cómo podía exigirse más pruebas a quien había presentado un informe pericial visado por colegio profesional, múltiples actuaciones policiales documentadas, y actas de la comunidad de propietarios? ¿Y cómo podía darse el mismo valor a una simple «crítica» de una página, firmada por alguien que ni siquiera había pisado la vivienda de los afectados, que a mediciones técnicas reales?
Citando el caso Moreno Gómez contra España del Tribunal Europeo, el Supremo recordó que exigir pruebas excesivas cuando los hechos están suficientemente acreditados es ser «demasiado formalista» y vulnera derechos fundamentales.
La sentencia estableció con claridad meridiana:
«El individuo tiene derecho al respeto de su domicilio, concebido no solo como el derecho a un simple espacio físico sino también a disfrutar, con toda tranquilidad, de dicho espacio.»
«El atentar contra el derecho del respeto del domicilio no supone solo una vulneración material y corporal, sino también una vulneración inmaterial o incorporal, como los ruidos.»
Y añadió algo demoledor para quienes pretendían escudarse en la calidad musical del sonido: «a esta Sala no le corresponde pronunciarse sobre gustos musicales y sí, en cambio, sobre la ilicitud de imponer los propios gustos, preferencias o conveniencias musicales al vecino». Una constante reiteración de la mejor pieza musical por el más afamado intérprete también puede convertirse en una grave intromisión.
El fallo fue contundente: revocó la sentencia de apelación, declaró la intromisión ilegítima en el derecho fundamental a la intimidad domiciliaria, condenó solidariamente a ambos demandados (incluyendo a Juan Francisco, pareja de Elena, por ser quien controlaba la vivienda), y elevó las indemnizaciones a 2.000 euros por persona.
La enseñanza jurídica
Esta sentencia del Tribunal Supremo español (STS 1233/2012) establece principios fundamentales para la protección civil frente al ruido:
Primero: El derecho a la intimidad personal y familiar protegido constitucionalmente incluye el derecho al disfrute pacífico del propio domicilio. Esta protección se extiende no solo a intrusiones físicas, sino también a inmisiones inmateriales como el ruido, conforme a la interpretación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Segundo: En materia de carga de la prueba, no puede exigirse al demandante una actividad probatoria que vaya más allá de lo razonable cuando ha aportado informes técnicos profesionales y documentación oficial que acreditan sus alegaciones. La parte que niega debe aportar prueba contradictoria equivalente, no meras críticas teóricas.
Tercero: La superación de los límites legales de ruido, aunque sea en pocos decibelios, no es insignificante cuando se produce de manera persistente y continuada en el tiempo. La reiteración convierte lo tolerable en intolerable.
Cuarto: El derecho a la educación (de quien estudia música) no prevalece sobre el derecho a la intimidad domiciliaria de los vecinos cuando existen medios técnicos para compatibilizar ambos derechos, como sordinas o instrumentos electrónicos con auriculares.
Quinto: Responde solidariamente no solo quien genera directamente el ruido o ejerce la patria potestad sobre el menor que lo produce, sino también quien tiene capacidad de control sobre la vivienda de origen y no adopta medidas para evitarlo.
El caso del piano de Valencia nos recuerda que el hogar es sagrado, y que ninguna melodía, por sublime que sea, justifica convertir la vida del vecino en un infierno. El derecho a la paz en el propio domicilio es un derecho fundamental que los tribunales están dispuestos a proteger.
