Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966)
Phoenix, Arizona, 1963. Ernesto Miranda tenía 23 años, era de origen hispano, casi sin estudios, y trabajaba como jornalero. Una mañana, la policía tocó su puerta: una joven lo había identificado como el hombre que la secuestró y violó días antes.
Lo llevaron a la comisaría. Lo metieron en una habitación cerrada. Dos horas después, Miranda había firmado una confesión declarándose culpable.
¿El problema? Nadie —absolutamente nadie— le dijo que tenía derecho a guardar silencio. Nadie le mencionó que podía pedir un abogado. Nadie le advirtió que todo lo que dijera podía usarse en su contra.
Miranda fue condenado a 20-30 años de prisión. Su confesión fue la prueba estrella del juicio.
La pregunta que llegó hasta Washington: ¿Vale una confesión obtenida sin que el acusado sepa que puede callarse?
El caso escaló hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos, donde el Chief Justice Earl Warren redactó una de las sentencias más famosas de la historia legal. El 13 de junio de 1966, por cinco votos contra cuatro, el Tribunal anuló la condena de Miranda.
El razonamiento fue demoledor: Los interrogatorios policiales en habitaciones cerradas crean una atmósfera de intimidación. No hace falta violencia física; el simple aislamiento, la presión psicológica, el desequilibrio de poder entre policías entrenados y ciudadanos asustados, todo conspira para arrancar confesiones que no son verdaderamente voluntarias.
La Constitución estadounidense establece que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Pero ese derecho es papel mojado si el detenido no sabe que lo tiene.
La solución del Tribunal fue práctica y revolucionaria: Antes de cualquier interrogatorio, la policía debe informar al detenido, en términos claros e inequívocos, que tiene derecho a permanecer en silencio, que cualquier cosa que diga puede ser utilizada como prueba, que tiene derecho a un abogado, y que si no puede pagarlo, se le asignará uno de oficio.
Si el detenido indica en cualquier momento que quiere guardar silencio o hablar con un abogado, el interrogatorio debe detenerse inmediatamente.
La sentencia dividió al país. Los críticos —incluidos cuatro jueces disidentes— argumentaron que el Tribunal estaba «atando las manos de la policía» y protegiendo a criminales. El juez Harlan advirtió que tendría «consecuencias muy negativas» para la seguridad pública. Nixon usó el caso en su campaña presidencial de 1968, acusando al Tribunal de ponerse del lado de los delincuentes.
La ironía final: Ernesto Miranda fue juzgado nuevamente, esta vez con otras pruebas, y volvió a ser condenado. Salió de prisión en 1972. Cuatro años después, fue asesinado en una pelea de bar en Phoenix. El sospechoso de su muerte fue detenido… y la policía le leyó sus derechos Miranda antes de interrogarlo.
Hoy, muchos años después, esas palabras —»tiene derecho a guardar silencio…»— se recitan millones de veces al año en todo Estados Unidos y en muchos partes del mundo. Un vagabundo hispano sin estudios, interrogado sin garantías, terminó transformando para siempre la relación entre el Estado y el ciudadano.
